ACTA: una amenaza global a las libertades.

Carta abierta al Parlamento Europeo.

El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) es un amplio acuerdo intergubernamental en negociación que se ocupa desde el asunto social clave del acceso a los medicamentos[1] a la regulación criminal de Internet. Tememos que podría entorpecer gravemente la innovación europea en el mercado único digital a la vez que minaría los derechos fundamentales y la democracia a gran escala.
El proceso negociador en sí mismo suscita importantes cuestiones sobre la transparencia y el debido proceso democrático, dado que el contenido del borrador del acuerdo se ha mantenido en secreto durante más de 18 meses, aunque algunos detalles sobre las propuestas se han filtrado recientemente al público. Aún más preocupante es que, mientras que se le ha negado el acceso a los documentos al Parlamento Europeo, a la industria de los E.E.U.U. se le ha concedido acceso a los mismos, aunque sólo tras firmar acuerdos de confidencialidad.
Un análisis reciente del capítulo de Internet[2] del ACTA por parte de la Comisión Europea demuestra que los elementos en debate exceden ampliamente de la legislación europea actual. Más importante, el análisis de la Comisión confirma que el actual borrador del ACTA restringiría profundamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos, especialmente la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones. Éstos se encuentran bajo un gran riesgo, ya que el borrador actual presiona para que se implementen los modelos de tres avisos y las políticas de filtrado de contenidos al buscar la imposición de la responsabilidad civil y criminal de intermediarios técnicos, tales como los proveedores de servicio de Internet. El texto también erosionaría radicalmente la práctica de la interoperabilidad que es esencial tanto para los derechos de los consumidores como para la competitividad.
En consecuencia, instamos al Parlamento a que pida a los negociadores europeos que establezcan la transparencia del proceso negociador y publiquen el borrador del acuerdo, y a no aceptar ninguna propuesta que mine las libertades y derechos de los ciudadanos. Instamos además al Parlamento a que realice una declaración inequívoca a la Comisión y al Consejo en el sentido de que cualquier acuerdo que no respete estos principios fundamentales obligaría al Parlamento a rechazar el texto íntegro.

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