ACTA: una amenaza global a las libertades.

Carta abierta al Parlamento Europeo.

El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) es un amplio acuerdo intergubernamental en negociación que se ocupa desde el asunto social clave del acceso a los medicamentos[1] a la regulación criminal de Internet. Tememos que podría entorpecer gravemente la innovación europea en el mercado único digital a la vez que minaría los derechos fundamentales y la democracia a gran escala.
El proceso negociador en sí mismo suscita importantes cuestiones sobre la transparencia y el debido proceso democrático, dado que el contenido del borrador del acuerdo se ha mantenido en secreto durante más de 18 meses, aunque algunos detalles sobre las propuestas se han filtrado recientemente al público. Aún más preocupante es que, mientras que se le ha negado el acceso a los documentos al Parlamento Europeo, a la industria de los E.E.U.U. se le ha concedido acceso a los mismos, aunque sólo tras firmar acuerdos de confidencialidad.
Un análisis reciente del capítulo de Internet[2] del ACTA por parte de la Comisión Europea demuestra que los elementos en debate exceden ampliamente de la legislación europea actual. Más importante, el análisis de la Comisión confirma que el actual borrador del ACTA restringiría profundamente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos europeos, especialmente la libertad de expresión y la privacidad de las comunicaciones. Éstos se encuentran bajo un gran riesgo, ya que el borrador actual presiona para que se implementen los modelos de tres avisos y las políticas de filtrado de contenidos al buscar la imposición de la responsabilidad civil y criminal de intermediarios técnicos, tales como los proveedores de servicio de Internet. El texto también erosionaría radicalmente la práctica de la interoperabilidad que es esencial tanto para los derechos de los consumidores como para la competitividad.
En consecuencia, instamos al Parlamento a que pida a los negociadores europeos que establezcan la transparencia del proceso negociador y publiquen el borrador del acuerdo, y a no aceptar ninguna propuesta que mine las libertades y derechos de los ciudadanos. Instamos además al Parlamento a que realice una declaración inequívoca a la Comisión y al Consejo en el sentido de que cualquier acuerdo que no respete estos principios fundamentales obligaría al Parlamento a rechazar el texto íntegro.

[...]Una filtración reciente de un documento reservado de la Comisión Europea arroja un poco de luz sobre el contenido del propuesto tratado. El capítulo sobre Internet propone una claras restricciones al acceso a la red con cortes de conexión extra-judiciales, vulnera la privacidad de los usuarios al legalizar filtro, amenaza la libertad de expresión e impone la responsabilidad civil y penal de los servidores de Internet por los contenidos que fluyen por sus redes. También en el borrador de tratado se propone eximir  a las empresas de la necesidad de tomar medidas a favor de la interoperabilidad lo que podría afectar negativamente tanto a los derechos de los consumidores como a la innovación económica.

Para los defensores de los derechos digitales se nos acumula la faena.

Por si no teníamos bastante con el paquete Telecom, llega lo último en políticas restrictivas:El Tratado ACTA (Tratado de Negocios Anti Falsificaciones), un tratado internacional que esta siendo discutido desde hace un año en el cual están involucrados numerosos países como: EE.UU, Japón, Canadá, la Unión Europea,  entre otros. Este tratado se ha filtrado en internet y ha desembocado en cartas de grupos civiles a Obama pidiendo su discusión en público.

Si simplemente nos fijamos en el nombre, nada nos sorprende, pues luchar contra las falsificaciones no tiene nada de malo, el problema es que en la filtración se encuentran perlas que nos recuerdan mucho al querido paquete Telecom tales como:

• Que los proveedores de acceso a Internet corten la conexión de los abonados a instancias de las empresas audiovisuales tras haber recibido estos abonados un cierto número de avisos, pudiendo os proveedores bajo los auspicios del tratado llegar a tener algún tipo de responsabilidad legal si no cumplen con ello.
• Que los servicios que alberguen contenidos de cualquier tipo en Internet como pueden ser Flickr, YouTube, o cualquier otro, tengan que retirarlo automáticamente ante cualquier queja sobre su titularidad, sin comprobar a priori si esta es cierta o no, también bajo la amenaza de incurrir en algún tipo de responsabilidad legal.
• El refuerzo de las protecciones y castigos por saltarse sistemas de gestión de derechos digitales, sea esto con el motivo que sea.

Aunque son meras filtraciones aun de dudosa credibilidad, hay que estar al loro puesto que no sería nada descabellado viendo el camino por el cual esta yendo la política en este ámbito.